¿Cómo actúa la Ley frente a la Enfermedad de Alzheimer?

¿Cómo actúa la Ley frente a la Enfermedad de Alzheimer?

Por José Manuel Gajardo S., Abogado.

Para comenzar, hay que señalar que la dignidad de individuo es la idea fundamental de los Derechos Humanos y, en ese marco, la capacidad se presume. Por ello, las referencias a la capacidad se plantean solo cuando hay peligro o riesgo que ésta se vea afectada, como es en el caso de la enfermedad que nos ocupa.

En nuestra legislación, podemos distinguir dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio.

La primer de ellas, de goce, se refiere a la aptitud legal de adquirir derechos y obligaciones. La segunda, de ejercicio, se refiere a la posibilidad del individuo de ejercer sus derechos y obligarse por sí mismo, sin la autorización de un tercero. Esta es la “capacidad legal” señalada en al inciso segundo del artículo 1.445 de nuestro Código Civil.

En concordancia con lo dicho, nuestra legislación establece que toda persona es legalmente capaz, exceptuando solo a aquellos que la ley declara incapaces, señalando entre ellos a los dementes, los impúberes, las personas que no puedan darse a entender claramente, los menores adultos y aquellas personas respecto de las cuales se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.

De ello emana que, la regla general, es que todo individuo es plenamente capaz. La incapacidad debe ser demostrada y debe dar lugar a una solicitud de interdicción.

Sin embargo, el problema que se presenta en el tema en estudio es que se trata de una enfermedad progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento, con un deterioro normalmente no detectado en sus primeras etapas, de donde no es extraño encontrar actos jurídicos diversos, celebrados por el paciente, con cierto nivel de impedimento en su participación plena y efectiva, vale decir, no estando en iguales condiciones que los demás participantes en dicho acto.

Ante ello, se requiere especial cuidado, pues, el hecho de ser “mayor” y actuar en desacuerdo con algunos parámetros “actuales”, no significa que se esté frente a un cuadro de una eventual “incapacidad”. Es importante que, ante una eventual manifestación de alteración de conducta, se concurra buscando la determinación médica especializada y objetiva a fin de permitir efectivamente la protección del ser amado.

Cabe hacer presente que en esta enfermedad lo corriente es que existan intervalos de mayor o menor claridad. Nuestro Código Civil señala que el adulto que se halla en un estado habitual de demencia deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos (art. 456). Esto es importante porque en estos pacientes hay días en que efectivamente están en mejores condiciones que otros.

Así entonces, salvo casos señalados en la ley, la incapacidad legal, debe ser declarada por un tribunal.

Sin perjuicio de ello, entendiendo que la declaración de interdicción requiere de diversas etapas que van desde la simple detección de conductas extrañas hasta la intervención de un juez, pasando por un largo proceso familiar y médico, es aconsejable que los más cercanos al paciente conozcan de su situación de vida, tanto en lo que es el cuidado de la persona misma (alimentación, higiene, medicamentos, etc.) como en lo patrimonial (activos, pasivos, carga financiera, etc.). Todo con el cuidado de no invadir su derecho a la privacidad y en el entendido que es discutible el valor un acto jurídico celebrado (mandato, testamento u otro) por una persona que después ha sido declarada interdicto.

Esto último nos lleva a otro tema, referido a las obligaciones contraídas por la persona que después ha sido declarada interdicto. El valor de estos actos o negocios jurídicos es discutible y deberán ser analizados caso a caso. Sin embargo, mientras ello no suceda y exista una resolución judicial que señale que un determinado contrato adolece de nulidad por falta de capacidad del contratante, las obligaciones siguen vigentes y pueden ser perseguidas en el patrimonio del individuo.

Por ello es necesario, frente a un cuadro de Alzheimer, debidamente diagnosticado, iniciar las gestiones judiciales necesarias para que se nombre un curador de los bienes del paciente. Ello tendrá como efecto práctico que los contratos celebrados por el paciente no producirán efectos nocivos en su patrimonio.

José Manuel Gajardo S.
Abogado
gajardoabogados@vtr.net

2 Comments

  1. Carmen garcia

    Hola le hago una consulta , resulta que mi esposo me dio un mandato general hace dos años, se encontraba en óptimas condiciones , fui con el a hacer el certificado de vigencia este año quiere que todo siga igual..Ahora Está novidente y se le olvidan algunas cosas fecha etc El acuerdo nuestro es vender la casa que vivimos y mudarnos a la mía cuando yo no pueda trabajar más un trabajo que hacemos en casa .Cómo su jubilación es muy poca 240.000 y depositar la plata y fijar una cantidad para remedios y vivir ..La consulta debe dejar ante notario su deseo ? , se que nos ayudará para remedios que gasta unos 100.000 mensual.le agradecería me responda , ojala entienda lo escrito gracias..

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